A mediados del mes pasado, cuando todavía creía tener amigos que lo apoyarían hasta el final en su intento de resistir su destitución como presidente del Banco Central, Martín Redrado buscó la complicidad periodística del diario Clarín para amenazar al Gobierno. “Tengo las listas específicas de los amigos del poder que compraron dólares”, disparó desde las páginas del matutino que dirige Ernestina Herrera de Noble.
El desplazado Golden Boy se refería, así, a una tendenciosa selección de algunos nombres entre los miles de particulares y empresas que figuran en el registro de compradores de divisas norteamericanas cuyas operaciones quedan asentadas en el Central. La continuación de esa historia es conocida: Redrado debió irse y nunca dio a conocer la famosa lista, aunque fue filtrada a la prensa. En las páginas que siguen, Miradas al Sur publica –sin ninguna selección previa– la nómina completa de las personas físicas y jurídicas que compraron dólares (desde un mínimo de 10.000 pesos al máximo de 2.000.000 de pesos mensuales, que es el tope que establece la ley) durante 2008 y 2009, así como los montos en pesos involucrados en cada una de esas operaciones. Se trata, en rigor, de dos listados: el primero, con más de 3.000 nombres, identifica a quienes adquirieron divisas norteamericanas para sacarlas del país con diversos fines; el segundo, de alrededor de 600, incluye a quienes dejaron los dólares en el país. Entre los protagonistas de esas operaciones se encuentran poderosos grupos empresarios, dirigentes políticos de todo pelaje, particulares de apellidos mediáticos, animadores y empresarios televisivos y, paradójicamente, el monopolio que hizo punta en la publicación de la amenaza de Redrado y que, todavía, continúa batiendo el parche de “las compras de los amigos del poder” en sus medios gráficos, radiales y televisivos. El Grupo Clarín –a través de diversas personas físicas y jurídicas– utilizó durante los dos últimos años más de 500 millones de pesos para adquirir dólares, la mayor parte de los cuales están hoy en el exterior. Los compradores. Mauricio Macri y Francisco de Narváez son los nombres que más suenan entre los personajes del mundo de la política incluidos en el listado, pero también se puede encontrar al ex senador cordobés Roberto Urquía, a los economistas Carlos Melconian y Eduardo Levy Yelati, a José Alfredo Mc Loughlin (ex secretario de Finanzas de Roberto Lavagna), a Nicolás Caputo (asesor de Macri), al ex ministro de Economía menemista Néstor Rapanelli. Entre las personas físicas y jurídicas ligadas a Clarín que hicieron millonarias operaciones de cambio de divisas se encuentran el propio Grupo, que cambió 105.910.600 pesos durante 2008 y 2009; José Antonio Aranda (accionista), con 65.315.375 pesos; Lucio Rafael Pagliaro (integrante del directorio y director general de Artear), con 45.127.840 pesos; Cablevisión, con 115.557.860 pesos; Multicanal, con 107.272.990 pesos; Artear, con 58.334.345 pesos; el gerente general de Clarín, Héctor Mario Aranda, con 1.417.734; Pemsa, con 6.770.000; Prima SA, con 15.942.925 pesos y Tinta Fresca Ediciones, con 778.950. También se registran compras de divisas por parte de La Nación S.A. y Editorial Amfin (editora del diario Ámbito Financiero). Otras personas vinculadas con los medios que hicieron compras de dólares durante el mismo período fueron el periodista Nelson Castro, el conductor y empresario Marcelo Tinelli, Mario Pergolini, Ari Paluch, Martín Köheler (Endemol, productora de Gran Hermano) y Ricardo Kirschbaum (editor general de Clarín). Entre las empresas, a la cabeza de la lista se encuentra LDC Argentina, con casi mil millones de pesos. La siguen Molinos Río de La Plata, Merril Lynch Argentina, Autopistas del Sol, Galeno Internacional, Laboratorios Abbot, Johnson y Johnson Argentina, Swiss Medical, Esso, Kraft, Quickfood, Metrogas, Sprayette, Bayer, Codere (empresa que maneja los bingos en la provincia de Buenos Aires), Cargill, Siemmens, Camussi, Iecsa y Edesur, entre otras. La lista incluye a empresarios como Gilberto Montagna (ex Terrabusi y ahora criador de caballos), Jorge Blanco Villegas, Santiago Soldati, Isaac Kiperszmid, Luis Pérez Companc; Carlos Pedro, Santiago, Ignacio, Luis María y César Alberto Blaquier; Luis Pulenta (Porsche), Fulvio y Alfredo Pagani (Arcor), Juan Carlos Bagó, Benito Roggio, Sergio Oppel (La Anónima), Andrés Meta (Banco Industrial), Néstor Ick (dueño de multimedios y de los bancos de Santiago del Estero y La Rioja), Leonardo Anidjar (Banco del Sur), Alfredo Román (anotado para la compra de Telecom) y el rey de la soja, Gustavo Grobocopatel. Otros nombres conocidos son el vicepresidente de la Daia, Ángel Schindel, Alejandro Gravier (marido y manager de Valeria Massa), el empresario futbolístico Gustavo Mascardi y el goleador histórico de Boca, Martín Palermo.
Leyes. Todas las operaciones que figuran en el listado son, a primera vista, legítimas por el sólo hecho de haber sido registradas por el Banco Central. Difícil, en cambio, es saber si en algunos casos el origen de los fondos aplicados a la adquisición de las divisas pudiera ser consecuencia de maniobras de evasión o elusión fiscal. Una posibilidad que escapa por alcance y complejidad a las herramientas periodísticas. La historia argentina del último medio siglo abre las puertas a desconfianzas múltiples. El tipo de cambio y la fuga de divisas –esta última estrechamente ligada a la evasión y/o elusión impositiva– son temas que han marcado a fuego durante décadas la vida de los argentinos. Constituidos en temas centrales del debate nacional desde la reforma financiera de José Alfredo Martínez de Hoz, la cuestión se convirtió en un factor central de la lógica de acumulación para lo más concentrado del capital local. Un debate que cobró una dimensión directamente proporcional al vertiginoso endeudamiento externo que registró el país desde fines de los años setenta. Aunque en un sentido estricto no existe en el país lo que se conoce como “control de cambios”, el Poder Ejecutivo ha impulsado una política que puso límites a la adquisición de divisas. Además, incrementó los controles mediante el accionar coordinado del Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la Administración Federal de Ingresos Públicos. El objetivo: detener el drenaje y redoblar el control fiscal para detectar a personas físicas y/o jurídicas que realicen operaciones inconsistentes entre el monto de dólares adquiridos y la situación fiscal que declaran. Las medidas adoptadas por los organismos involucrados se inscriben en el Régimen Penal Tributario, una normativa que faculta al Poder Ejecutivo a definir las conductas cambiarias prohibidas; es decir: contrarias al punto de vista de los objetivos de la política económica. Una razón que explica con claridad que la norma haya caído en el olvido durante los años noventa, cuando rigió en el país una apertura irrestricta para el ingreso y egreso de capitales. Lejos de ser restrictivas, las regulaciones vigentes admiten que las personas físicas y jurídicas compren divisas en el mercado único de cambios (hasta un límite de dos millones de dólares mensuales) para atesorarlas en el país o, incluso, adquirir propiedades en el exterior, otorgar préstamos a no residentes y realizar inversiones directas. También habilitan, por ejemplo, el egreso de divisas para el pago de servicios –como fletes, seguros, etc.– y la importación de bienes, además del pago de utilidades y dividendos. En síntesis, un marco legal que no afecta los derechos individuales ni el normal desenvolvimiento de la economía y que protege los intereses colectivos.
Trampas. Un repaso de las últimas décadas de la economía argentina muestra, sin embargo, que la remisión de dólares al exterior significa, la mayoría de las veces, una expatriación de ahorro interno, es decir, de partes de la renta social monetizada en dólar que no vuelve al circuito económico local. En muchos casos se ha tratado lisa y llanamente de fuga de capitales. Aún dentro del marco legal de la compra en blanco de moneda extranjera, la fuga de capitales es una empresa que cuenta con múltiples estrategias. Por ejemplo: • Sobrefacturando importaciones y subfacturando exportaciones. Un caso: se pueden comprar legalmente dólares para pagar facturas infladas de compras en el exterior. • Se pueden inventar cancelaciones de deudas o capitalizaciones. Éste fue el camino que privilegiaron los grupos económicos que, gracias a las privatizaciones menemistas, se hicieron de las empresas del Estado en los ’90. De esa manera, las empresas privatizadas de servicios públicos giraron al exterior –en promedio, durante esa década– 80 centavos de cada dólar ganado en la Argentina. • Instrumentando el pago de falsas prestaciones de servicios a empresas en el exterior que son generalmente propiedad de los mismos grupos económicos que dominan a las que pagan esos servicios. Éste fue otro de los caminos para la fuga de capitales utilizado por las privatizadas de servicios públicos durante los ’90. • Mediante la creación de fideicomisos en el exterior. • Las capitalizaciones son otra forma de inventar deuda. Se producen cuando alguien tiene acciones de una sociedad anónima propia pero que está a nombre de terceros y amplía capital. Para preservar la participación se compran acciones, acto que origina automáticamente la salida de los dólares. Los lectores de Miradas al Sur pueden repasar las listas de las próximas páginas, imaginar destinos y sacar algunas conclusiones. Colaboraron: G. Bencivengo y J. Mancinelli
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